El asalto al Capitolio

José Luis Hernández Garvi

En el momento de escribir estas líneas todos tenemos todavía muy recientes las impactantes imágenes del asalto al Capitolio en Washington, símbolo de lo que hasta entonces creíamos que era el mejor ejemplo de democracia sólida. Al margen de cuestiones relacionadas con sus causas y efectos, lo cierto es que la noticia ha causado una gran conmoción que dejará una profunda huella en el pueblo norteamericano. Si queremos encontrar culpables, más allá de los estrafalarios personajes – muy propios de su sociedad – que protagonizaron los graves incidentes, tal vez se debería preguntar a la clase política norteamericana en conjunto, responsable en gran medida de esos lamentables hechos por activa y por pasiva.
Dicho esto, y sin entrar en profundidad en valoraciones que no son tema de este artículo, lo cierto es que desde la distancia que nos proporciona nuestra visión europea nos resulta inconcebible que los intentos de irrupción en la sede de la soberanía del pueblo norteamericano no encontrasen una respuesta contundente por parte de los cuerpos de seguridad de la capital federal. Analistas y profanos coinciden en afirmar que se trató de un grave fallo de seguridad de difícil justificación. Hablamos desde el convencimiento de que ante disturbios violentos de este tipo la policía de cualquier país del Viejo Continente habría sabido reaccionar con medios proporcionales para neutralizar la amenaza. Abundan los ejemplos en este sentido, como hemos tenido la ocasión de contemplar en estos turbulentos últimos años.
Ante los graves hechos inéditos que acapararon la atención mundial, los mal pensados ya han empezado a difundir teorías sobre la existencia de una supuesta mano negra que habría franqueado el paso a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio. Algunos señalan incluso a miembros de las fuerzas del orden encargados de custodiar el edificio, que inspirados por oscuros intereses serían culpables de haberlos dejado entrar. Incrédulos, se niegan a aceptar que un grupo heterogéneo de asaltantes hubieran sido capaces, por sí solos, de vulnerar los controles de seguridad de la institución, hasta el punto de poner en jaque un sistema político que con sus virtudes y defectos parecía estable.
Por mal que les pese a algunos, objetivamente los hechos no alcanzaron ni siquiera el grado de tentativa de golpe de estado; en todo caso, supuso un ejercicio de irresponsabilidad por parte del incitador que finalmente se le fue de las manos al no valorar las posibles consecuencias de sus palabras y actos, algo que no resulta excepcional en el último ocupante del Despacho Oval, figura política que irrumpió en el establishment de Washington como un elefante en una cacharrería. Superada la conmoción inicial, conviene centrar la atención en el fallo de seguridad que permitió en última instancia este desafío a la democracia del país más poderoso de la Tierra, aunque todo apunta a que no mantendrá ese estatus por mucho tiempo.
La cultura popular norteamericana se ha encargado de vender al resto del mundo una imagen de sus fuerzas del orden muy alejada de la realidad, como hemos tenido la oportunidad de comprobar los que hemos visitado los Estados Unidos. El cine, la televisión y la literatura nos han presentado a los representantes de la ley de ese país investidos de un aura digna de superhéroes infalibles y ejemplares defensores de la ley. De esta forma acrónimos como el FBI, la DEA o la menos conocida ATF, sin olvidar a los US Marshalls o al USSS, entre otras muchas, se han convertido en sinónimos de cuerpos policiales de élite capaces de hacer frente a cualquier amenaza delictiva; la sagacidad mostrada por sus agentes y los medios a su alcance eran más que suficientes para derrotar al más retorcido villano surgido de la imaginación de un escritor o guionista. Sin embargo, en el mundo real todo resulta muy diferente.
Como ocurrió con tantos otros temas, los atentados del 11-S pusieron las cosas en su sitio y abrió los ojos de muchos ciudadanos norteamericanos, hasta entonces cegados por una ingenuidad que a pesar de la gravedad tangible de unos hechos históricos sigue enturbiando el modo de vida y las mentalidades de muchos de ellos hasta un grado de infantilismo que sería enternecedor de no ser por las graves consecuencias que trae consigo. Las míticas agencias policiales de los Estados Unidos habían sido incapaces, con todo su poder y arsenal, de proteger a sus ciudadanos de un ataque procedente del exterior, evidenciando una incompetencia y unos errores de coordinación dignos de un país mucho menos desarrollado. La respuesta de la Administración federal fue aumentar los presupuestos dedicados a luchar contra la amenaza terrorista y multiplicar los efectivos humanos de la comunidad de inteligencia. Sin embargo, algunas de las carencias y defectos anteriores no fueron corregidos: si a nivel de los grandes departamentos policiales de las principales ciudades norteamericanas se crearon Task Forces para aunar esfuerzos y compartir información, en los escalones inferiores apenas se mejoró la formación de unos agentes ya de por si escasamente preparados para asumir con integridad y profesionalidad sus responsabilidades como garantes del orden, por más que los coches patrulla luzcan eslóganes en ese sentido. La creación del Departamento de Seguridad del Territorio de los Estados Unidos (DHS, United States Department of Homeland Security), una nueva agencia federal cuya misión se supone que es coordinar esfuerzos de otras ya existentes para garantizar la seguridad interna, no hizo más que añadir confusión en materia de competencias y jurisdicción.
En el nivel más bajo, la situación sigue siendo peor. Los departamentos policiales y las oficinas del sheriff de medianas y pequeñas localidades carecen de los medios humanos y materiales para resolver casos criminales de cierta complejidad o sofocar con garantías alteraciones del orden público, situaciones que las fuerzas estatales, escasas en número, tampoco pueden resolver con profesionalidad. Las plantillas de todos estos cuerpos se nutre con personal poco cualificado, en muchas ocasiones veteranos de las fuerzas armadas, que carecen de la formación policial necesaria para realizar el trabajo encomendado. Ante la falta de estímulos profesionales cuestiones que pueden parecer secundarias, como la forma física, la empatía con el ciudadano o el uso proporcional de la fuerza física y la respuesta armada, pero que resultan fundamentales a la hora de desempeñar su trabajo, no son asumidas con la competencia debida.
En su papel de policía federal, el FBI tampoco cubre los huecos que esta precaria situación genera, aunque hay que señalar que tampoco es su competencia. Lo mismo ocurre con el resto de agencias federales, cuyo excesivo número y supuesta especialización de nada sirve para paliar los problemas de base. A todas estas dificultades se añade un nuevo debate en la sociedad norteamericana: el de un exceso de militarización de los cuerpos policiales. En los últimos años se han aprobado varios programas federales dirigidos a la adquisición de excedentes de material de guerra y vehículos militares del Departamento de Defensa. Su propósito ha sido dotar a las fuerzas del orden de todo el país de los medios necesarios para hacer frente a los cada vez más numerosos incidentes con armas de fuego y a los disturbios violentos. En la mayoría de las ocasiones los beneficiarios de este arsenal han sido los diferentes equipos locales de los SWAT, las mediáticas unidades especiales encargadas de hacer frente a situaciones excepcionales como pueden ser el rescate de rehenes, neutralización de sospechosos armados o el apoyo en operaciones llevadas a cabo por otras divisiones. Aunque sus integrantes suelen ofrecer una imagen de tipos duros, su entrenamiento y preparación dista mucho de la de sus colegas europeos del GEO español, el RAID de la Policía Nacional francesa o el GSG 9 federal alemán, incurriendo en los mismos vicios que afectan al resto de los cuerpos de seguridad norteamericanos.
Ante la falta de unidades más específicas, a los agentes del SWAT se les encomiendan misiones de naturaleza antiterrorista y de intervención para sofocar disturbios, funciones que ponen en evidencia sus limitaciones. Este error de planteamiento no contribuye a mejorar las cosas y sí a empeorarlas: amplios sectores de la población ven con hostilidad a los policías que armados como si fueran a luchar en Afganistán se pasean por las calles de sus ciudades en vehículos blindados, lo que genera un rechazo que solo contribuye a aumentar la brecha entre los ciudadanos y los servidores públicos que supuestamente deben protegerles. Si a todo ello añadimos la execrable actitud y comportamiento de algunos de sus agentes a la hora de practicar detenciones o afrontar situaciones comprometidas de riesgo, el estallido social está servido.
En lo que se refiere al asalto del Capitolio, la protección de sus instalaciones está encomendada a la United States Capitol Police (USCP). Se trata de un cuerpo con competencias federales formado por algo más de 2.000 agentes que vela por la seguridad del complejo del National Mall, la extensa zona comprendida entre el Monumento a Washington y los edificios del Congreso. La USCP no tiene academia propia y sus cadetes reciben formación en las instalaciones de los Federal Law Enforcement Training Centers (“Centros Federales de Entrenamiento para el Cumplimiento de la Ley” FLETC) en Glynco, Georgia, una antigua estación aeronaval reconvertida donde reciben un curso de veinticinco semanas en técnicas policiales junto con los aspirantes de más de un centenar de cuerpos de seguridad locales, estatales, federales y tribales. Tras ese breve periodo se incorporan como agentes en prácticas.
Ante el desafío de los manifestantes que se concentraron frente al Capitolio, la USCP montó un perímetro de seguridad que se reveló insuficiente. Sus agentes, escasos en número y peor entrenados y equipados para hacer frente a una situación así, no tardaron en ser desbordados. La testimonial presencia del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia tampoco sirvió para frenar el asalto. La imagen que mejor refleja la incompetencia del USCP es la de un único agente del cuerpo intentando detener a los intrusos armado con una porra extensible que está a punto de perder mientras huye escaleras arriba buscando desesperadamente el apoyo de sus compañeros. La peor cara la ofreció otro oficial de paisano, que disparó a bocajarro contra una de las manifestantes que pretendía saltar por encima de una de las barricadas que la seguridad había levantado en los pasillos del edificio, procedimiento desgraciadamente demasiado habitual por parte de los policías norteamericanos, proclives al gatillo fácil.
Ante el asalto consumado y la falta de fuerzas y medios para desalojarlos se recurrió a la Guardia Nacional, reservistas conocidos como “soldados de fin de semana” que alcaldes y gobernadores suelen demandar para reinstaurar el orden público en las calles. Desde cualquier punto de vista el empleo de estos militares es completamente inadecuado y desaconsejable por los motivos ya aludidos. Su llegada ante la explanada del Capitolio a bordo de desvencijados autobuses que no se ven en Europa desde la década de los sesenta del siglo pasado, sin equipo antidisturbios adecuado y con un casco con visera y un escudo como única protección, da una fiel imagen de la precariedad con la que los responsables de velar por el orden público en las calles de los Estados Unidos, y en este caso ante sus más altas instituciones, asumen sus competencias, como ya tuvimos también la ocasión de comprobar con ocasión de los disturbios en varias ciudades norteamericanas en protesta por la muerte de George Floyd.
Al final tuvieron que ser los agentes del Hostage Rescue Team, el Equipo de Rescate de Rehenes del FBI, una de las escasas unidades policiales de los Estados Unidos bien entrenadas para responder ante amenazas terroristas, los que protegieron a los congresistas y expulsaron a los asaltantes del Capitolio. En los días siguientes, policías metropolitanos y refuerzos de otras agencias federales se han encargado de establecer un cordón de seguridad en torno a estas instituciones ante la posibilidad de nuevos ataques. La dimisión del jefe de la USCP y de otros responsables políticos no ha servido para lavar la mala imagen ofrecida durante los graves incidentes vividos en Washington, reflejo de una situación a nivel nacional que exige cambios en profundidad para que los cuerpos policiales de todo el país puedan cumplir su tarea con profesionalidad.

enero 10, 2021